Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal
(1820–1823), se impulsa la construcción del Estado liberal, y con él se
promueve una nueva división provincial, aunque primero se recuperan las
diputaciones de 1813. Se trataba de que esta división alcanzara a todo
el país, sin excepciones, y fuera la trama única para las actividades
administrativas, gubernativas, judiciales y económicas, según criterios
de igualdad jurídica, unidad y eficacia.
En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división
provincial de España en 52 provincias.
Algunas de estas provincias aparecen por primera vez, como las de
Almería y Málaga (desgajadas del tradicional Reino de Granada), Huelva
(del Reino de Sevilla), Calatayud o Logroño, y otras aparecen con nombre
nuevo como Murcia o las Provincias Vascongadas.
Este proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por
criterios de población, extensión y coherencia geográfica. Hay una
voluntad de superar los nombres históricos, prefiriéndose los de las
ciudades capitales. Tampoco se respetan los límites tradicionales de las
provincias, configurando un mapa nuevo. Se eliminan los enclaves de
unas provincias en otras, si pertenecen a distintos reinos, pero se
conservan muchos enclaves cuando se hallan dentro del mismo. Este
proyecto generó intensos debates por el número de provincias y la
capitalidad, pero no dejaron de ser cuestiones menores.
En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de
Hacienda. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del
absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las
provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a
entrar en vigor.
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